POLITICA: El pesebre político, las empresas públicas.

El número de empresas públicas se dispara un 78% en diez años

• Hay 1.970 controladas por las comunidades y 477 por el Estado.

• Manejan el 30% del presupuesto total.

• El Gobierno y las autonomías están diseñando los primeros planes para recortarlas.

Agencias estatales, consorcios públicos, entidades empresariales, fundaciones, organismos autónomos, sociedades mercantiles... Su nombre varía, pero todos tienen un apellido común: son empresas públicas que dependen del Estado o de las comunidades.

Actualmente hay 2.447, un 78% más que hace diez años, según el último inventario de la Intervención General del Estado. De todas ellas, 1.970 están gestionadas por los gobiernos autonómicos (se han disparado un 90%), y 477, por el Ejecutivo central (han crecido un 43%). No hay datos fiables de a cuánto personal dan trabajo pero, según un estudio del economista José Amengual, controlan el 30% del presupuesto total.

Los 17 gobiernos autonómicos tienen 3.760 altos cargos, asesores y cargos de confianza, según publicó 20 minutos el pasado 25 de enero. Según las estimaciones del sindicato USO, los sueldos de todos estos puestos suponen un coste anual de 180 millones de euros.

Las comunidades autónomas han tejido un potente entramado de sociedades mercantiles, agencias, consorcios, fundaciones y otros entes de naturaleza pública que esquivan los férreos controles habituales en la Administración general.

Ni se sabe a cuánto personal dan trabajo y cómo se seleccionó su entrada; ni siempre aplican a sus adjudicaciones los filtros administrativos ni, sobre todo, están sujetos a fiscalización previa. Los férreos controles sobre endeudamiento y déficit no alcanzan a esos entes.

"Esos entes surgen para huir de los controles. No crecen los organismos autónomos, que pese a su nombre son los menos autónomos y se rigen por el derecho administrativo. Crecen las empresas, las fundaciones, los consorcios". En otras palabras, aquellos entes que se guían por el derecho mercantil y que tienen libertad para adjudicar sin un informe previo de intervención. Y eso se traduce, como recuerda un economista andaluz vinculado al PSOE, "en que no siempre se convoca el concurso que hay que convocar".

VER: ASTURIAS: Sueldos públicos secretos.

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José Sobrado García