Según se cita en los mismos medios y después de esta distribución generalizada, «el Gobierno regional, tras conocer el error, consultó con sus servicios jurídicos con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos, ya que el envío contenía no sólo los sueldos brutos anuales y las categorías profesionales, sino incluso los números de los documentos nacionales de identidad. La respuesta de los juristas tranquilizó a los responsables institucionales. Los datos no pueden ser difundidos. La ley de protección de datos sanciona a cualquiera que haga públicos una información recibida por error. »
Se solicita las medidas a tomar por la señora Procuradora, como defensora de los derechos de los ciudadanos, sobre los graves acontecimientos que atentan contra la libertad de expresión y a un derecho de todos los ciudadanos, a conocer la situación real de nuestras Administraciones Públicas y la carga que las mismas suponen para nuestros impuestos, al tratar la Administración de atemorizar a la ciudadanía, hecho incomprensible que quebranta los principios democráticos fundamentales en un estado de derecho.
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José Sobrado García
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