La sección octava de la Audiencia Provincial decretó ayer el traslado de la investigación de la «operación Marea» contra la corrupción a un Juzgado de instrucción de Oviedo. Los magistrados aceptan de esta manera la petición elevada por cinco de los abogados defensores, que fueron en su día apoyados por la fiscalía y la acusación que ejerce el Principado de Asturias, y rechazan los argumentos esgrimidos por la juez Ana López Pandiella, que defendía su competencia para seguir investigando El sumario se adjudicará de forma ordinaria entrando como un caso más en los turnos de reparto de los Juzgados ovetenses.
La Juez Ana López Pandiella encontró delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros, motivo por los que encarceló a varios miembros del gobierno del Principado.
López Pandiella envió a prisión en el mes de enero a tres de los imputados en este procedimiento: al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; a la que fuera su «número dos», María Jesús Otero, y a la funcionaria Marta Renedo Avilés. En libertad bajo fianza de 300.00 euros quedarían 24 horas después los dos empresarios detenidos: el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz. La juez asegura que todos ellos pertenecían, «a la luz de las pruebas hasta ahora practicadas», a un entramado corrupto dedicado a la adjudicación irregular de contratos públicos mediante la manipulación. La Audiencia dejaría luego en libertad bajo fianza al ex consejero Riopedre.
El caso lo llevarán los juzgados de Oviedo y de no ser así pasaría a la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo.
En el caso de que los tribunales de la capital asturiana aceptasen el caso, los más de 3.000 folios con los que cuenta la investigación serían enviados a los Juzgados de Oviedo. De no ser así, el Tribunal Supremo debería decidir. El traslado del sumario no implica el cambio del equipo que hasta ahora ha llevado a cabo la investigación ya que ésta seguiría centrándose en el grupo de delitos económicos de la Comisaría de Gijón.
Debido a las presiones político-judiciales la Jueza Pandiella ha tenido que salir en varias ocasiones a declararse competente en el caso y fue apoyada por la fiscal del caso en un principio. Posteriormente la fiscal debió de recibir “ordenes” superiores y el cambio de criterio fue inmediato. En el grupo abierto en Facebook en “apoyo a la juez Ana López Pandiella” se pueden leer los cientos de comentarios de los ciudadanos a favor de la Juez y en contra del traslado del sumario a Oviedo. Este montaje circense confirma una vez más la politización de la justicia donde los perdedores siempre somos los ciudadanos que “disfrutamos” de esta partitocracia.
Si la jueza Ana López Pandiella tenía todas las garantías procesales, no tiene sentido que se diga ahora que el traslado de la causa a Oviedo es una maniobra con fondo político para evitar algo raro en vísperas de las elecciones del 22 de mayo. El que piense así flaco favor le está haciendo a la honestidad de una profesión, la judicial, sometida también al dictado de la sociedad por sus actuaciones y de la que estoy convencido de que ha estudiado muy a fondo las consecuencias del caso antes de tomar una determinación de este calibre.
VER. ASTURIAS: La corrupción política en el Principado, SI, NO,..
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José Sobrado García
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