La juez Ana López Pandiella continúa con la investigación de la trama.
En prisión preventiva están, el ex consejero de Educación del Principado de Asturias, Iglesias Riopedre; la “número dos” del ex consejero, María Jesús Otero, y la alta funcionaria jefa de servicio Marta Renedo Avilés, de la Consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. En libertad con cargos quedaron los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín.
La policía interrogó al propietario de la empresa GEOGAL, hijo del ex consejero, en relación con la trama de corrupción descubierta en el gobierno del Principado de Asturias, acogiéndose a su derecho a no declarar.
Geogal podría haberse beneficiado de contrataciones irregulares. La Policía investiga si Riopedre pedía o exigía, a las empresas a las que Educación adjudicaba obras, que luego subcontrataran parte de los trabajos con la firma Geogal. El hijo de Riopedre quedó en libertad tras pasar por la Comisaría.
La policía procedió a la apertura de la caja de seguridad bancaria de IGRAFO en presencia del dueño, recogiendo varios documentos y dinero en efectivo de los que de ocho a nueve mil euros el dueño de IGRAFO dijo que eran propiedad de la Cofradía de los Amigos de los Nabos de la Foz de Morcín que estaba destinado a pagar las comidas que se sirvieron en el homenaje de mediados de enero al seleccionador español de fútbol, Vicente Del Bosque.
el dueño de Igrafo conoce a uno de los integrantes de la Cofradía que le habría pedido guardar esa cantidad de dinero hasta que se realizara el pago de las comidas y actos relacionadas con el evento festivo que tuvo lugar en La Foz.
El presidente de la Cofradía, José Sariego, confirmó anoche a este periódico que el tesorero de la entidad trabaja en Igrafo «y guarda el dinero del Capítulo en la caja fuerte de la empresa».
De estas declaraciones se deduce que la Cofradía no tiene cuenta bancaria.
Por las noticias sobre este “affaire” y la forma de actual del gobierno se ve que están nerviosos.
Por una parte la consejera y portavoz del gobierno, Migoya echa balones fuera vinculando a la funcionaria encarcelada con la amistad de su marido con portavoz adjunto en el Parlamento, Joaquín Aréstegui, del Partido Popular.
La consejera de Administraciones Públicas manifestó el miércoles que «es algo público y conocido» que al portavoz popular y a la funcionaria detenida, Marta Renedo, «los unía una fuerte amistad, incluso afinidad política». Unas palabras a las que Aréstegui respondió indicando que «toda la fase ascendente de Marta Renedo en la Administración la pilotó Migoya, que fue quien la llevó a la Consejería de Cultura y a la de Administraciones Públicas».
El diputado del PP, Agustín Cuervas Mons también dio su opinión y pidió la dimisión de la Consejera Ana Rosa Migoya
El también diputado popular José Agustín Cuervas-Mons calificó de «salida de pata de banco» la vinculación establecida por Migoya entre la funcionaria investigada y el PP. «Los nervios traicionan y mucho a esta señora, que tiene una chulería sin límites». En su opinión, «si a Migoya le queda algo de dignidad debería dimitir de forma inmediata». Para el parlamentario del PP, la titular de Administraciones Públicas es, «al menos, responsable de que estén robando en su Consejería desde 2008 y, aunque a algunos nos resulta difícil de creer, sin enterarse hasta alcanzar una cantidad de dinero que no es pequeña».
Este diputado también reveló que la Intervención General del Principado formuló reparos a cinco contratos de compra de material y mobiliario entre Educación y las dos empresas relacionadas con la «operación Marea», Igrafo y Almacenes Pumarín,, contratos que se realizaron «sin la previa tramitación de un expediente» y que al fraccionar alguno de ellos no se había aplicado el obligado descuento y que ascendieron a 2.250.000 euros.
También se fraccionó para que fuese de menor cuantía y así sortear controles, otro de los contratos.
También advirtieron de que en una de esas compras, la del mobiliario del Instituto de La Ería, uno de los pagos, por importe de 191.211 euros, se había realizado a través de la presentación de tres facturas individuales.
Ningún funcionario firmó los contratos denunciados, lo hizo la “segunda del ex consejero” María Jesús Otero también encarcelada.
El informe justificativo al reparo no iba firmado por ningún funcionario, sino por la directora general María Jesús Otero, quien admite el criterio de la Intervención, aunque argumenta que «nos encontramos en presencia de unas obligaciones reconocidas con las empresas adjudicatarias de los suministros y no se puede ignorar (...), resulta preciso saldar las consecuencias económicas de la tarea realizada por la empresa».
La investigación de la «operación Marea» provoca «nerviosismo» en altos cargos del Principado a juzgar por las frecuentes consultas sobre las intervenciones policiales.
el departamento de Inspección de Servicios es uno de los más frecuentados en los últimos días por altos cargos o jefes de área para saber si se han producido nuevos requerimientos de información contable.
Además, el Principado ha ordenado elaborar una lista con los contratos menores, adjudicados sin ningún tipo de publicidad, a lo largo del último año, que en otras autonomías del país son públicos.
VER: ASTURIAS: Operación Malaya asturiana (5)
José Sobrado García
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