EL CASO “MAREA”, MARTA RENEDO AVILES.
LA AVARICIA ROMPE EL SACO
Esta alta funcionaria de nivel 28 (actualmente en prisión por corrupción), jefa de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas del Principado de Asturias (cargo de confianza de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya del PSOE), gozaba de un nivel de vida cómodo por el buen sueldo que percibía junto al de su marido. Sin embargo, el día a día dentro de la Administración regional le hizo entender que «había determinadas operaciones habituales que los demás cometían y no pasaba nada» por lo que se decidió a montar su propio “negocio”.
Para que el “negocio” resultase utilizó tres vías; adjudicar a empresas creadas por ella misma (sin testaferros ni sociedades interpuestas ¿para qué?) contratos de obra y servicios; abrir cuentas bancarias a nombre de personas que habían tenido alguna relación esporádica con el Principado para de forma fraudulenta ingresar pagos falsificando la firma de su superior y que luego iba sacando el dinero con tarjetas de crédito; y cobrar comisiones por las obras que contribuía a adjudicar.
Se sospecha que la alta funcionaria obtuvo alrededor de 1,5 millones de euros entre las transferencias, adjudicaciones e ingresos de Igrafo, que según parece, contrató o subcontrató servicios a su empresa Implants Mounts.
El castillo de naipes la funcionaria empieza a desmoronarse y no precisamente por los controles internos del Principado, que previamente estaban desactivados, sino por la Agencia Tributaria que llamó a las propietarias de las cuentas bancarias para que justificasen unos ingresos que no habían declarado en su Renta.
Una discapacitada ovetense, una joven gijonesa y una sexagenaria de la misma ciudad han ido descubriendo que tienen abiertas cuentas bancarias de la que nada sabían y en las que tenían depósitos que rondaban los 100.000 euros. Estos ingresos de Almacenes Pumarín S.A. (APSA) que hacía pagos periódicos de entre 10.000 y 18.000 euros.
La joven gijonesa fue la que denunció el 3 febrero de 2010 ante la policía la existencia de una libreta a su nombre y aquí es donde la juez de Gijón Ana López Pandiella inicia la investigación que lleva al encarcelamiento de los implicados en la trama corrupta y a la libertad con cargos de los empresarios de Igrafo y APSA. (Como consecuencia de esta investigación judicial también están encarcelados el ex Consejero de Educación Iglesias Riopedre y la "número dos" ex Directora General de su consejería Otero Rebollada.) BUEN TRABAJO DE LA JUEZ.
En otra cuenta en el mismo banco a nombre de su empresa Implants Mounts se ingresaban las adjudicaciones que hacía desde la consejería, y también se descubren pagos de la firma que lidera el sector de consumibles para oficina: Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo).
En las escuchas telefónicas policiales, la funcionaria informa a Víctor Manuel Muñiz, director general de Igrafo del “descubrimiento”, la existencia de una denuncia ante la Fiscalía Superior y que sería conveniente suspender los pagos a Implans Mounts pero el empresario no parece inquietarse e incluso le reportará 36.000 euros más. Respecto a APSA, a los investigadores les sorprende que pese a que la destitución de Renedo ha sido publicada por la prensa en febrero de 2010, la compañía continúa metiendo dinero en la cuenta fraudulenta abierta a nombre de la anciana discapacitada. Hay constancia de pagos, por lo menos, hasta mayo.
El 3 de febrero de 2010 se produjo la primera denuncia. El 19 de febrero el Principado cesó a la funcionaria Marta Renedo.
En el momento actual, 10 de febrero de 2011, el hermano de Marta Renedo comunica a la prensa que su hermana está dispuesta a tirar de la manta y sopesa dar nueva información durante el juicio, que podría implicar en el caso a "empresarios, políticos y altos cargos". Marta sabe cosas de mucha gente, de muchas empresas y también de la Consejera Ana Rosa Migoya.
Renedo -en Villabona como presunta autora de delitos de malversación, cohecho, fraudes y exacciones fiscales- no está dispuesta «a ser cabeza de turco» y pondrá todo de su parte para que se depuren responsabilidades.
«Marta sabe cosas de mucha gente, de muchas empresas y también de Migoya», señaló José Antonio Renedo, que añadió: «Mi hermana sabe que los contratos pasaban por varios departamentos, en alguno se tendrían que haber dado cuenta. No puede ocurrir algo así sin que se enteren; o no les interesaba enterarse porque ellos también tenían "trapicheos", o es que había una forma de trabajar en la que no existía ningún control».
lo conocido hasta ahora sobre la supuesta trama de corrupción no es más que la punta del iceberg. «Todavía hay que tirar mucho de la manta: Si esto de verdad se toma en serio, van a salir empresas, políticos y altos cargos», insistió el hermano de la funcionaria.
«Nos llama la atención que se focalice todo como "caso Renedo" cuando hay mucha más gente que va a tener que responder por sus actos y cuando está más que demostrado que mi hermana no tenía ninguna relación con Riopedre ni con Otero»
En el primer interrogatorio de la juez a la funcionaria Marta Renedo, no le pudo contar todo porque no le preguntaron y afirma que tiene datos de empresas y particulares que hicieron lo mismo que yo durante años.
«había determinadas operaciones habituales que los demás cometían y no pasaba nada».
VER: ASTURIAS: Operación Malaya asturiana (8)
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José Sobrado García
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