PRISIONEROS DE SUS PROPIOS ACTOS.
En la trama de esta OPERACIÓN MALAYA asturiana ya son tres las personas que han ingreso en prisión; el ex consejero Iglesias Riopedre; Marta Renedo Avilés ex numero dos de Riopedre y funcionaria de confianza de la Consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya; y la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras en la consejería de Educación, María Jesús Otero. Se las acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios.
el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, de María Jesús Otero Rebollada, exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, y de Marta Renedo Avilés, exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, por su vinculación con la presunta trama de adjudicación irregular de contratos por la que el martes ya fue trasladado a Villabona el exconsejero de Educación y Ciencia José Luis Iglesias Riopedre. En concreto la jueza imputa a la primera los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios. La funcionaria ingresa con cargos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraudes y exacciones legales, así como otros delitos en concurso medial como falsificación de documento público y falsificación de documento mercantil. Ambas imputadas fueron trasladadas ayer al centro penitenciario de Villabona.
Quedan pendientes las declaraciones de los representantes de las empresas proveedoras, Igrafo y Almacenes Pumarín. En el juzgado se ha reicibido material incautado por la policía en los registros realizados en ambas empresas.
varias cajas de cartón con precinto de la Dirección General de Policía y que contenían supuestamente parte del material incautado por los investigadores en los registros realizados en las sedes de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, supuestas beneficiarias de las adjudicaciones irregulares de la consejería.
EL AZAR DESCUBRE ESTA TRAMA.
Hace más un año una gijonesa es citada por la Agencia Tributaria para que justificase un depósito de 100.000 euros ingresados por el Principado de Asturias en una cuenta a su nombre, dinero que fue retirado mediante tarjeta. La sorpresa de la contribuyente fue de tal magnitud que tuvo que presentar una denuncia.
La investigación arrancó hace poco más de un año de una forma prácticamente fortuita, gracias a una inspección de Hacienda. Una mujer recibió por esas fechas un aviso de la Agencia Tributaria, que le pedía explicaciones acerca de una cuenta bancaria a su nombre, abierta en una sucursal de Bankinter, en Gijón, con un depósito de más de 100.000 euros, tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA el 6 de marzo del pasado año. La cantidad había sido ingresada por el Principado. La sorpresa de la contribuyente fue mayúscula. No tenía conocimiento de la existencia de ese dinero ni de esa cuenta bancaria. Tras realizar una serie de indagaciones y comprobaciones, a la mujer no le quedó más remedio que presentar una denuncia porque, además, de esa cuenta se había sacado dinero mediante tarjeta.
Durante la investigación se llega hasta la autora del montaje, la alta funcionaria Marta Renedo Avilés que manejaba datos personales y bancarios de las personas que tuvieran que realizar algún pago o solicitasen una subvención al Principado y abrió una cuenta a nombre la la mujer gijonesa.
Y tirando del hilo llega hasta la funcionaria Marta Renedo Avilés. La jefa de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas tenía acceso, por el puesto que ocupaba, a los datos personales y bancarios de los acreedores del Principado, esto es, de las personas a las que la Administración regional tuviera que realizar algún pago. Según fuentes cercanas al caso, las pesquisas permitieron establecer que Marta Renedo había abierto la cuenta bancaria descubierta por Hacienda con los datos de una ciudadana que, tiempo atrás, había solicitado una subvención al Principado.
Además la citada funcionaria falsificaba la firma de un superior para validar varios contratos y A. R. Migoya suspende de empleo y sueldo a la alta funcionaria.
En la segunda quincena de febrero de 2010, hace prácticamente un año, el director general de Telecomunicaciones, Alberto Pérez Cueto, descubre que su firma está falsificada en varios contratos tramitados por Marta Renedo, y lo pone en conocimiento de su superior, Ana Rosa Migoya, que decide suspender de empleo y sueldo a la alta funcionaria y poner los hechos en conocimiento de la fiscalía asturiana el 18 de febrero. «En ese momento desconocíamos que había una investigación relacionada con la funcionaria en un Juzgado»
La alta funcionaria era titular de varias empresas a las que les adjudicaba contratos de obra y servicios.
Por un lado, adjudicaba a empresas creadas por ella misma (una de ellas Implans Mounts) contratos de obra y servicios. Por el otro certificaba de forma fraudulenta los pagos a las cuentas que había abierto con la identidad de acreedores de la Administración regional. Pagos a los que daba «luz verde» la firma falsificada de Alberto Pérez, un modo de proceder que repitió durante meses, antes de ser detectado por el director general de Telecomunicaciones. Un tercer método sería el de cobrar comisiones por las obras que contribuía a adjudicar.
VER: ASTURIAS: Operación Malaya asturiana (1)
José Sobrado García
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