El asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés de 5 años que apareció muerta en la ría de Huelva casi dos meses después de haber desaparecido y que presuntamente murió a manos del pederasta Santiago del Valle y gracias a que la familia de la niña ha conseguido recoger varios millones de firmas para que este caso no quedase en el olvido llegando a reunirse dos veces con el presidente del gobierno, ha destapado las carencias materiales de la justicia y mostrado el impresionante aparato “democrático” en el que la clase política se ha instalado, democracia inexistente dentro de los Partidos Políticos y que osan vendernos.
La justicia está politizada y presuntamente al servicio de los políticos desde el momento en que los miembros de la judicatura los ponen y los quitan los políticos, y no digamos nada de los medios de comunicación que viven también de la publicidad que emana asimismo de los diversos gobiernos y están sujetos a las presiones políticas en una gran mayoría y no tenemos más que contrastar las noticias que se publican o se omiten diariamente. Bueno, y de los sindicatos de clase no se puede decir nada más que viven de los cursos de formación y otras prebendas que les proporciona el gobierno de turno y un poquito de las cuotas que pagan algunos afiliados y de los otros sindicatos minoritarios, como CSI de Asturias, que son más resueltos en la defensa de los trabajadores tan pronto se salen del guión político, el peso de los autos judiciales les cae de forma aplastante y que ya quisiéramos que fueran así para la kale borroka..
Como consecuencia de toda esta componenda y en la que desde el presidente del gobierno, la vicepresidenta y demás miembros y miembras se han manifestado suplantando el trabajo de los jueces, ha llevado a sancionar al juez Tirado con 1.500 euros de multa por desconocer los antecedentes del pederasta Santiago del Valle. Posteriormente y debido a la presión popular (tenemos que tener en cuenta que los votos de las urnas son sagrados aunque el gobierno sea laico) casualmente la justicia condena a la secretaria del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, con dos años de suspensión.
Como consecuencia de estas actuaciones y no podría ser de otra manera, entre otros, el presidente electo del Colegio de Secretarios, el asturiano José Luis Santos Hevia, secretario del Juzgado contencioso número 1 de Oviedo y la Unión Progresista, denunció ayer que el Gobierno los ha «utilizado» para acallar las críticas y la presión mediática surgidas a raíz del asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés convocando un paro de tres horas para el próximo día 21 en señal de protesta.
Lo manifestado por el señor Santos Hevia no tiene desperdicio y pone de relieve la situación actual de las carencias con la que trabajan los profesionales de la justicia. Los diversos gobiernos, desde el central hasta los autonómicos creo que tendrán algo que ver en este asunto ya que según se deduce y en lo referente a los sistemas informáticos, los políticos han debido de sufrir un agotamiento tal que después de la impresionante y eficaz informatización de la Hacienda Pública tanto central como autonómica, están carentes de ideas que les puedan distraer de otros menesteres propios mas interesantes como la atención de sus “chiringuitos” que gracias a ellos en Asturias tenemos más de 59.000 empleados públicos y somos un millón de habitantes, ¡ah!, lo que ignoro es si están incluidos los asesores, consejeros y otros beneficiarios políticos.
La justicia, o mejor dicho las dieciocho distintas justicias de España, gozan de distintas aplicaciones informáticas que no se comparten con la del Ministerio de Justicia, lo que da lugar a errores judiciales, pero lo más curioso es que, según manifiesta el Presidente de los Secretarios, «no sabemos lo que pasa en el Juzgado de al lado» y yo puedo corroborar que en Oviedo los Juzgados están en el mismo edificio. Además añade que «en este desgraciado asunto se ha desviado toda la responsabilidad sobre los secretarios, tapando cualquier responsabilidad del Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía, que es la gestora de los medios materiales en esa comunidad autónoma» y finalmente dice que «las bajas previstas, por ejemplo, las de las mujeres que van a tener un hijo, tardan a veces un mes en cubrirse y los interinos que las cubren no reciben la formación adecuada para desarrollar su labor»,
Los dieciocho gobiernos autonómicos de España no sólo manejan la justicia, también la Sanidad y en ésta ocurre lo mismo que con la Justicia, nuestras Historias Clínicas no son accesibles desde cualquier centro de urgencias del territorio español. Esto provoca errores y tenemos como ejemplo el del caso del profesor Neira.
José Sobrado García
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