Si sobre los restos arqueológicos hallados en la Campa de Torres (Gijón), la Fiscalía considera que hubo “delito” contra el patrimonio histórico, pero señala que «estaría prescrito», se deduce que hay ”delincuentes” del PSOE que han vulnerado los artículos 323 y 324 del Código Penal.
La Fiscalía archiva la denuncia del PP sobre los restos de la Campa Torres. El ministerio público considera que hubo delito contra el patrimonio histórico, pero señala que «estaría prescrito»
El concejal del grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Gijón Manuel Pecharromán denunció en abril estos delitos tras la aparición de un almacén con más de veinte mil restos arqueológicos procedentes de la excavación de la Campa Torres y que se encontraban metidos en cajas, envueltos en papel higiénico y en unas condiciones de humedad y temperatura lamentables.
Los políticos socialistas «intentaron silenciar el escándalo» por lo que ayer insistió, en nombre de su partido, en pedir la dimision o el cese de la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, que ejerció de concejala del Ayuntamiento desde 1999 hasta 2007, y de la que afirma que «se ha ido de rositas», y del actual concejal Justo Vilabrille, «cómplice» del delito desde el año 2007. Añade que la Consejería benefició al arqueólogo Franscico Cuesta, responsable directo de la excavación hasta el año 2000, con la direccion del Museo Etnográfico de Grandas de Salime que anteriorrnete regentaba su fundador, Pepe el Ferreiro. Y, a pesar de que han transcurrido los tres años reglamentarios que exige el artículo 131 del Códifo penal para la prescripción del delito, Pecharromán exige responsabilidad penal sobre los directores de las excavaciones y las instituciones contribuyentes.
A nivel regional, también se ha acusado a los consejeros de Cultura desde ese mismo año, Amelia Valcarce, María Victoria Rodríguez Escudero, Francisco Javier Fernández Vallina y Ana Rosa Migoya.
Por otro lado, la Fiscalía señala que la prescripción no exime a los responsables de su culpa, pues la imprudencia fue meter ese material en un lugar que no reunía las condiciones climatológicas adecuadas con el consiguiente deterioro que ello conlleva, tanto del material como de su información científica. El órgano judicial culpa a los directores de la excavación por haber tomado la decisión y no haberla comunicado al organismo con potestad en temas de Patrimonio Histórico correspondiente.
Elisa Collado, directora del Museo Arqueológico, afirmó recientemente que la ley de Patrimonio exige que los directores de excavaciones depositen los materiales procedentes de las mismas de forma catalogada en el museo en un año, lo que no ocurrió en los últimos diez años que Cuesta dirigió el yacimiento. Desde 1988 no se reciben restos ni noticias al respecto y los materiales hallados en la Campa que se encuentran en el museo se reducen a 25 cajas procedentes de un período anterior a 1988, y tampoco están inventariadas.
Para concluir, definió estos sucesos como el «mayor desastre ecológico de Asturias» y lamenta que haya tenido que ocurrir precisamente en Gijón, pues este yacimiento supone los orígenes de la ciudad.
VER: ASTURIAS: Cacicada, cese Director-creador Museo Etnográfico (17)
José Sobrado García
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