LA POLEMICA POR LA CONCESION DE SUELO PUBLICO A COMAMSA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARKING. Bruselas pone el Plan de Uría en el punto de mira de las leyes europeas. El Comisario Barnier quiere saber si se infringen normas de contratación de la UE. Hay 5 recursos contra el canje de suelo por la deuda de Villa Magdalena.
La Comisión Europea intervendrá en la polémica surgida por el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Comamsa para construir un parking bajo las calles Uría y Toreno. El Comisario de Mercado Interior y vicepresidente del PP europeo, el francés Michel Barnier, anunció ayer que solicitará información detallada al Gobierno español sobre el convenio con el fin de "conocer y aclarar si se han infringido las normas comunitarias en materia de contratación pública", según reza el comunicado remitido por la Comisión Europea.
El Ayuntamiento de Oviedo acordó con la empresa Comamsa la concesión de suelo público en el centro de la ciudad con el fin de que construyera un parking cuyos beneficios compensarían la expropiación de Villa Magdalena, propiedad de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, presidente de Comamsa y uno de los valedores de Gabino de Lorenzo cuando se postuló como candidato a la Alcaldía. El trueque causó la indignación de los partidos de la oposición, así como de asociaciones vecinales, que decidieron recurrir el convenio ante la justicia, así como ante la Comisión Europea.
La Comisión Europea, a través de Michel Barnier, investigará ahora si el convenio de Comamsa vulnera el principio de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, según marca la legislación comunitaria.
La obra del parking tendrá un coste de 23 millones de euros. El convenio otorga a la empresa, bien la concesión y explotación de un gran aparcamiento, «sin que medie concurrencia competitiva y en régimen de monopolio por un plazo de 40 años», o bien un contrato de concesión del servicio público de un aparcamiento en el centro de la ciudad.
En ambos casos se vulnera el principio de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos según marca la legislación comunitaria.
Esta petición de información no supone el inicio del proceso que podría conducir a una sanción. «Si la Comisión no quedara satisfecha con la respuesta que le proporcionen las autoridades españolas», sigue la respuesta parlamentaria, «puede decidir enviar una carta de emplazamiento a las mismas, lo que supone la primera fase del procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
Esta carta de emplazamiento fue, precisamente la que sí recibió el proyecto del Palacio de Justicia en El Vasco y, finalmente, acabó por frustrarlo ante el riesgo de una sanción.
La declaración, que promueve ASCIZ junto a otras asociaciones y colectivos, anunció ayer se presentará mañana en el Registro General de Principado dirigida a la Consejería de Cultura. Cuenta, además del documental, con el respaldo «de más de 10.000 firmas», para que el Campo sea BIC. La obra, sostiene ASCIZ, acabaría con la vida de dos centenares de árboles, ya que ocuparía el paseo de Los Álamos
VER: OVIEDO: Trueque Villa Magdalena por aparcamiento en calle Uría (18)
José Sobrado García
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