LAS PIRÁMIDES DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
El 25 DE ENERO DE 2011, dos hechos ocurren para erradicar la corrupción política generalizada implantada en los gobiernos, una en Egipto conocida como la Revolución de los Jóvenes, con una serie de protestas, que todavía continúan, para expulsar al gobierno y otra en el gobierno autonómico de Asturias con la prisión provisional del ex consejero de Educación, no aforado, José Luís Iglesias Riopedre imputado por varios delitos por la juez Ana López Pandiella y que todavía sigue investigando esta trama en la que ya están en prisión la ex directora general de Planificación y Centros “María Jesús Otero Rebollada” y la alta funcionaria ex jefa de Servicios Administrativos Marta Renedo Avilés dependiente de la Consejería de Ana Rosa Migoya. Además hay dos imputados más en libertad bajo fianza, los empresarios Víctor Manuel Muñiz de Igrafo y Alfonso Carlos Sánchez de Almacenes Pumarín.
Las presiones de ambos gobiernos son notorias, en un caso jugando con el tiempo para que los manifestantes egipcios depongan sus protestas y en el otro por las presiones que recibe la juez gijonesa para que deje de investigar y pase el caso a los tribunales de Oviedo para que también jugando con el tiempo se diluya y todo quede en nada.
En ambos casos las Redes Sociales de Internet juegan un papel importante para la información entre los ciudadanos. En el caso asturiano en Facebook con el grupo de Apoyo a la juez Ana López Pandiella”.
LAS EVIDENCIAS EN EL GOBIERNO ASTURIANO
Los motivos hay que buscarlos en un gobierno del PSOE-IU durante tres legislaturas, tiempo suficiente para articular una Administración a la “medida” y con una oposición del PP “descafeinada”, probablemente debido a los “Pactos de la Zoreda” acordados por el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzodel PP, el candidato del PSOE al Principado, Javier Fernández y el Delegado del Gobierno Antonio Trevín, para repartirse el Principado para el PSOE y Oviedo para el PP.
En este periodo de tiempo en el Gobierno liderado por Vicente Álvarez Areces se han desmantelado los controles sobre contratación y se han creado los “Chiringuitos” o Entes o Empresas con capital público y en las mixtas también privado. El objetivo perverso es sortear las limitaciones de endeudamiento fuera del presupuesto buscando los canales y mecanismos de elusión a las mismas, a través de estas empresas públicas argumentando en muchos casos una mejora en la gestión pública, pero que en realidad es para escaparse del control de los límites normativos.
Para que todo esto sea posible es imprescindible que haya una estructura con cargos de confianza nombrados a “dedo” para controlar e inmovilizar al funcionariado y también funcionarios de carrera con ambiciones económicas dispuestos a colaborar con el “régimen”.
Sólo citaré algunos datos ocurridos en esta etapa de “Oficina de colocación digitalizada”. Se ha descubierto una LISTA de 63 cargos de confianza; los 67 asesores del Consejero de Educación Riopedre, actualmente en la cárcel junto con su “segunda de abordo” y una funcionaria; los intentos represivos contra la libertad de expresión, norma para poder controlar los email o correos electrónicos de los funcionarios sin necesidad de una orden judicial, prohibir hacer públicos los sueldos millonarios de más de 50 enchufados en los Chiringuitos (Sociedades y Fundaciones) creados y que algunas son de dudosa legalidad según la Comunidad Europea, cuando se está hablando de un dinero público que procede de los impuestos de los asturianos; la ilegalidad de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (SOGEPSA) ante la Comunidad Europea; la sentencia que anuló un concurso de 350 plazas para jefe de negociado en el Principado, nombrados a “dedo”; el cambio de la ley vigente para elegir «a dedo» a todos sus mandos y eludir el control judicial; y otros que ya he publicado en mi blog de Google.
El motivo de que haya tres miembros del gobierno arecista en la cárcel es debido a las diversas corruptelas y, se creen inmunes ya que nunca sucede nada, hasta que un juez decide considerarse competente y aplicar la JUSTICIA como se aplica a cualquier ciudadano no perteneciente a la CASTA. La CASTA y dentro de estos los “aforados” o intocables ya sabemos que tiene a su servicio a magistrados de organismos superiores y fiscales que para eso son nombrados por el gobierno de turno, aunque a la hora de pagar sus nóminas lo hacen con nuestros impuestos, o sea dinero público. LA INDEPENDENCIA DE PODERES NO EXISTE.
CREACIÓN DEL SISTEMA A LA MEDIDA
La libre designación, el abuso de vías directas para la adjudicación de contratos y unos órganos de control sin capacidad sancionadora facilitan el descontrol en la Administración.
Fraccionamiento de Contratos.
Abuso de la libre designación, fraccionamiento de contratos sin justificación, incapacidad de los sistemas de vigilancia para obligar a los entes fiscalizados a cumplir con sus recomendaciones o la relativa transparencia de las empresas públicas.
La colocación de amigos, familiares, etc. a “dedo”
El abuso de esta forma de provisión de cargos ha sido denunciado reiteradamente por muchos sindicatos, que han conseguido tumbar en los tribunales el nombramiento de cientos jefes de negociado, sección y servicio del Principado. Todos los colectivos que han criticado el abuso que se hace de la libre designación -una cuestión común a buena parte de las administraciones del país- coinciden en señalar que su mayor peligro es que el poder político consiga diseñar una administración sumisa a sus intereses, ya sean transparentes o interesados, y acabar con la posibilidad de que el funcionario diga «no».
El ascenso de funcionarios de carrera “amigos” del gobierno.
En la práctica hay quien defiende que esto supone ascender a los funcionarios con carné y afines ideológicamente al partido que sustenta al Gobierno. Pero esto no siempre es así. En otros casos simplemente «se asciende a gente que acaba de sacar la oposición que tiene poca experiencia y ninguna antigüedad ni complemento salarial consolidado. Para esta gente un ascenso supone una buena inyección de dinero al mes. Por eso es lógico que en caso de duda acepten lo que les dice su superior político», explican trabajadores de la Administración. Un estudio realizado hace un par de años por Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, una asociación formada por funcionarios del Principado, señalaba que se había elegido a dedo 550 de los 2.100 altos cargos funcionariales que había en la Administración asturiana.
Nuevos ingresos a “dedo”
Sin concursos de méritos. A la libre designación habría que añadir la figura de la «comisión de servicios», que sobre el papel sirve para cubrir durante un año un puesto en la Administración hasta que se convoque el concurso para optar a la plaza.
Acabar con la independencia del funcionario.
Las mesas de contratación por las que tienen que pasar las ofertas para los grandes contratos de obras y de suministros de la Administración están compuestas obligatoriamente por un letrado y un interventor, y habitualmente por el jefe de servicio del que depende la obra, que debe defender el porqué es necesaria. En este paso no puede participar ningún cargo político, desde el consejero al director general. Pero el jefe de servicio puede haber sido elegido a dedo y con la nueva Ley de Función Pública hasta los letrados pueden ser nombrados siguiendo este sistema. «¿Qué garantías hay de que siendo cargos de confianza del cargo político no se dejen presionar para apostar por una u otra oferta?»
Las empresas públicas o «chiringuitos».
Este tipo de empresas, muchas de ellas sociedades anónimas, han permitido al Principado agilizar grandes inversiones como el nuevo hospital o la compra de parte de las oficinas del edificio de Calatrava. Pero, según el PP, también han servido para ocultar deuda pública, adjudicar contratos con dinero público evitando el control parlamentario y contratar a trabajadores sin la criba de la oposición pública.
La fiscalización por la Sindicatura de Cuentas sólo tiene carácter consultivo y no sancionador.
repite constantemente en los informes que ha hecho sobre los organismos del Principado advertencias de cómo los criterios que se utilizan en las adjudicaciones no son objetivos, que hay métodos de adjudicación, como es el trámite de urgencia, que se ponen en marcha sin justificación aparente o cómo se abusa del fraccionamiento de contratos. Esto es, convertir un contrato mayor en uno o varios de menor cuantía y así poder adjudicarlo directamente sin concurso público. La ley de contratos públicos, cuya última versión es de 2007, clasifica los contratos menores en aquellos cuyo precio es menor de 18.000 euros para suministros, y los que son menores de 50.000 euros para obras.
Éstos pueden adjudicarse sin necesidad de concurso público. La práctica habitual es que la Administración invite a enviar ofertas a un mínimo de tres empresas. Las ofertas se valoran y se adjudica el contrato a la que se considere mejor de manera directa. El objetivo es dar agilidad a determinadas compras y obras que no pueden esperar al proceso burocrático que exige un gran contrato. Precisamente, la funcionaria Marta Renedo, una de las detenidas en la «operación Marea» y que alcanzó su puesto de jefa de servicio a través de la libre designación, utilizó la vía de los contratos menores para adjudicar miles de euros a sus empresas.
Crear o modificar las Leyes para que la corrupción sea legal.
El Gobierno del Principado ha tenido que crear una ley y modificar otra para dar cobertura legal tras sentencias desfavorables a la libre designación y a la carrera profesional, respectivamente. Una salida que desde varios frentes de la Administración se entiende como una estrategia de última hora para «desactivar» las sentencias desfavorables que primero tumbaron la carrera profesional y luego muchos nombramientos de altos funcionarios.
Los órganos de control, sin capacidad sancionadora.
La supervisión de la gestión del Principado está en manos de órganos internos, casi todos encabezados por cargos de confianza, y de la Sindicatura de Cuentas, que todos los años audita el Presupuesto y a varias entidades públicas y locales. Sin embargo, sus recomendaciones y advertencias que incluyen sus auditorías no son vinculantes, dado que sólo se trata de un órgano consultivo que no tiene instrumentos para obligar a la Administración a cumplir sus dictámenes.
VER: ASTURIAS: Operación Malaya asturiana (7)
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José Sobrado García
